por PTN-lado B11 octubre, 2017
Si querés saber, preguntá.

Las sanciones deben ser también un incentivo para el cumplimiento. El deber de reportar actividades sospechadas de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo es una tarea que exige la colaboración de la sociedad; aún cuando un celo excesivo en pos del reporte pueda, en ocasiones, implicar la pérdida de un cliente al que le molesta la carga que implica el procedimiento de escrutinio.

En el pasado la regulación había dejado una laguna en cuanto al plazo de prescripción de las sanciones. Llamada a opinar en 2008 ante un planteo de prescripción -que sostenía que su cómputo debía contabilizarse inmediatamente después de configurada la omisión de denunciar, pese a la falta de conocimiento por parte de la Unidad de Información Financiera- esta Casa argumentó a favor de mantener viva la acción: conforme a ese criterio, el plazo sería de dos años para las sanciones de multa que acompañan la omisión de denunciar operaciones. Se sostuvo, además, que el deber de informar constituía una obligación permanente, de incumplimiento continuo, por lo que correspondía considerar el inicio del plazo de prescripción desde que el incumplimiento cesase (ver acá).

Ese criterio fue objetado por las 5 salas del fuero contencioso administrativo y por la Corte Suprema, que rechazó todos los recursos extraordinarios al respecto (con 280).

La laguna normativa fue llenada por el legislador a través de la ley 26.683, que estableció que la acción para aplicar la sanción prescribe a los cinco (5) años desde el incumplimiento. Pero las multas por sanciones pasadas siguen tramitando y han motivado que la UIF nos pregunte si de cara a una consolidada jurisprudencia contencioso administrativa sobre cómo computar la prescripción, puede presentar la bandera blanca y fijar su estrategia de sanción y litigio apartándose del criterio del dictamen del año 2008.

Acabamos de (ver acá) darle la razón a la UIF (el criterio del dictamen del 2008 sobre el cómputo, no sobre su plazo) para evitar un obstinado dispendio (jurisdiccional y de recursos). Lo hicimos, no obstante, enfatizando la necesidad de controles periódicos por parte de la UIF para evitar el vencimiento de los plazos de prescripción, dado que en este juego de incentivos, entre informar tardíamente y no informar, el obligado podría inclinarse hacia lo segundo, especulando con una eventual prescripción de la acción sancionadora.

Sobre El Autor
PTN-lado B